En el asunto C‑679/18, OPR‑Finance, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció, mediante sentencia de 5 de marzo de 2020, que el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar de oficio si el profesional evaluó la solvencia del consumidor antes de conceder el crédito y aplicar, respetando el principio de contradicción, las consecuencias previstas por el Derecho nacional. El Tribunal consideró que la pérdida de los intereses y de los costes pactados tenía un efecto disuasorio y declaró incompatible con la Directiva la condición de que la nulidad prevista por la ley checa tuviera que ser invocada por el consumidor en un plazo de tres años. La existencia de una multa administrativa, incluso considerable, no podía justificar la limitación de la protección civil de la que este disfrutaba, incluida la devolución exclusiva del capital dentro de un plazo acorde con sus posibilidades. [1]
En el Derecho rumano, la falta de una evaluación real de la solvencia puede justificar, en nuestra opinión, la nulidad absoluta virtual del contrato de crédito. Cuando la sanción deja a cargo del consumidor un saldo de capital, su devolución debería fraccionarse en cuotas adaptadas a sus posibilidades, utilizando el calendario inicial como referencia. De este modo, el acreedor pierde la remuneración obtenida por la financiación concedida infringiendo la ley, mientras que el consumidor puede devolver el capital a un ritmo adaptado a su situación financiera.
Del requerimiento de pago a la comprobación de oficio de la solvencia
El 21 de abril de 2017, un consumidor celebró a distancia con OPR‑Finance un contrato de crédito renovable, en virtud del cual recibió 4.900 coronas checas. Después de que las cuotas quedaran impagadas, el acreedor solicitó al Tribunal de Distrito de Ostrava que condenara al consumidor al pago de 7.839 coronas, más los intereses legales de demora. Según el órgano jurisdiccional remitente, el acreedor no había afirmado ni demostrado que hubiera evaluado la solvencia del consumidor antes de la celebración del contrato, y este no había invocado la nulidad. [1, apdos. 10–16]
La Ley checa n.º 257/2016 supeditaba la concesión del crédito a una evaluación de la que resultara que no existían sospechas fundadas sobre la capacidad de reembolso del consumidor. En caso de incumplimiento, el artículo 87, apartado 1, establecía la nulidad del contrato y la devolución exclusiva del capital, dentro de un plazo acorde con las posibilidades del consumidor. Según la interpretación seguida por los órganos jurisdiccionales checos, la nulidad era relativa y su aplicación dependía de que el consumidor invocara la sanción dentro de los tres años siguientes a la celebración del contrato. El Tribunal de Ostrava observó que, en la práctica, los deudores, la mayoría de las veces sin abogado en este tipo de litigios, invocaban muy raramente la falta de evaluación de la solvencia. [1, apdos. 7–9, 12–17 y 29]
El Tribunal partió de la relación entre la obligación prevista en el artículo 8 de la Directiva 2008/48/CE y su finalidad. El acreedor dispone de la información y de los medios necesarios para apreciar el riesgo antes de conceder la financiación, mientras que el consumidor puede no saber ni siquiera que tenía derecho a esta comprobación ni en qué datos se basó la aprobación. Si su protección dependiera de que invocara el incumplimiento, precisamente esta asimetría impediría la aplicación de la norma destinada a prevenir el sobreendeudamiento y la insolvencia. Por ello, cuando dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios, el órgano jurisdiccional debe comprobar de oficio si el profesional ha cumplido su obligación precontractual y, si identifica un incumplimiento, establecer contradictoriamente las consecuencias previstas por el Derecho nacional. En el caso de la sanción examinada, debe tenerse en cuenta la posición del consumidor que se opone a su aplicación. [1, apdos. 18–24 y 32–36] [2]
Por qué la multa no suplía la sanción civil
El artículo 23 de la Directiva 2008/48/CE deja a los Estados miembros la elección de las sanciones, siempre que estas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. En el asunto checo, el Tribunal consideró que la pérdida de los intereses y de los costes pactados era adecuada a la gravedad del incumplimiento y tenía un efecto realmente disuasorio. El acreedor podía recuperar el capital, pero perdía el beneficio económico de la financiación concedida sin la comprobación exigida por la ley. El efecto dependía de la posibilidad de aplicar la sanción en la práctica. Una norma que dejara su aplicación a iniciativa del consumidor y la supeditara al plazo de tres años hacía excesivamente difícil hacer valer esta protección en el litigio iniciado por el acreedor. [1, apdos. 24–36 y 46] [2]
El Gobierno checo invocó la posibilidad de imponer una multa administrativa de hasta 20 millones de coronas checas, aproximadamente 783.000 euros según la sentencia. El Tribunal señaló que, conforme a una afirmación no controvertida de la Comisión Europea, el banco central checo no había comunicado ninguna decisión de imponer una multa por este incumplimiento. Además, incluso si se hubiera impuesto, la multa no habría modificado la situación del consumidor que había recibido el crédito sin una evaluación de su solvencia. Este habría seguido vinculado por el mismo contrato, con el mismo saldo y los mismos costes. Dado que la ley checa también había previsto una sanción civil en su beneficio, la existencia de la multa no podía justificar una norma que impidiera al órgano jurisdiccional dar efecto a dicha sanción. En el asunto C‑303/20, Ultimo Portfolio Investment, el Tribunal precisó que el efecto disuasorio debe apreciarse teniendo en cuenta el conjunto de mecanismos de reparación disponibles en el Derecho nacional, incluidas las consecuencias civiles del incumplimiento. [1, apdos. 37–39] [3]
En la práctica, la fuerza disuasoria de una sanción también se aprecia en relación con la decisión que adopta el profesional después del primer caso en el que pierde. Después de que un órgano jurisdiccional declarara abusivo el nivel del interés de demora, se preguntó al director general de una IFN (institución financiera no bancaria) si modificaría el interés en el modelo de contrato. Su respuesta fue: «Si se me muere una vaca, ¿qué hago? ¿Disparo a todo el rebaño?» El episodio se refería a otro incumplimiento, pero ilustra el mismo cálculo económico. Mientras el profesional espere soportar las consecuencias únicamente en unos pocos procedimientos, mantener la práctica puede seguir siendo más rentable que corregirla. La comprobación de oficio cambia este cálculo porque, cuando el acreedor reclama el pago ante los tribunales, la aplicación de la sanción civil deja de depender de que el deudor conozca e invoque la obligación de evaluar la solvencia.
En el asunto C‑755/22, Nárokuj, el Tribunal confirmó que la Directiva 2008/48/CE permite sancionar el incumplimiento de la obligación de evaluación mediante la nulidad del contrato y la pérdida de los intereses pactados, incluso cuando el préstamo haya sido reembolsado íntegramente y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales. El resultado favorable de un determinado crédito no puede sustituir al análisis que debía preceder a su concesión. Si el reembolso subsanara el incumplimiento, el acreedor solo soportaría las consecuencias cuando el riesgo se materializara, aunque la obligación tiene por objeto prevenir su asunción irresponsable. [4]
Qué debe demostrar el acreedor profesional en el Derecho rumano
El artículo 30, apartados 1 y 2, de la OUG nr. 50/2010 (Decreto de urgencia del Gobierno n.º 50/2010 sobre los contratos de crédito para consumidores) impone la evaluación de la solvencia del consumidor antes de la celebración del contrato, sobre la base de un volumen suficiente de información, incluida la proporcionada por el consumidor y, en su caso, mediante la consulta de la base de datos pertinente. Esta evaluación supone comprobar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito en las condiciones pactadas, teniendo en cuenta sus ingresos y gastos mensuales, las obligaciones de pago ya asumidas y los límites aplicables al grado de endeudamiento. El artículo 19, apartado 1, del Regulamentul BNR nr. 17/2012 (Reglamento BNR n.º 17/2012 sobre determinadas condiciones de crédito) establece un límite general del 40 % para el grado total de endeudamiento, con los límites especiales y las excepciones previstos en los artículos 19 y 20. [5] [6]
La evaluación de la solvencia debe tener en cuenta también la capacidad del consumidor para hacer frente a evoluciones desfavorables del tipo de cambio, del tipo de interés y de los ingresos. Para los prestamistas a los que se aplica el Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, los apartados 1, 3 y 4 del artículo 11⁴ detallan el análisis de los ingresos y gastos, las fuentes de información y la obligación de adoptar medidas razonables de comprobación, incluso mediante la consulta de fuentes independientes, cuando proceda. [5] [6]
El artículo 15, apartados 1–4, del Regulamentul BNR cu nr. 17/2012 establece como regla que el ingreso corriente elegible que se tenga en cuenta no puede superar en más de un 20 % los ingresos del año anterior. Estos últimos se determinan sobre la base de los documentos que certifican los ingresos declarados a las autoridades fiscales y/o acreditan los ingresos percibidos en cuentas abiertas en la entidad acreedora. En ausencia de una obligación legal de declaración fiscal, se admiten otros documentos justificativos. Si el prestamista quiere tener en cuenta un ingreso corriente que supere el límite del 20 %, debe obtener del cliente documentos justificativos de los que resulte el carácter continuado de dicho ingreso. Para cada contrato, la comprobación se realiza con arreglo a las normas aplicables en la fecha de la evaluación. [6]
En cuanto a la prueba, a título de ejemplo, un documento que certifique los ingresos declarados a la autoridad fiscal conserva su valor cuando es transmitido por el consumidor. Una declaración bajo responsabilidad propia, que constituya el único respaldo del ingreso utilizado en el cálculo, no cumple la función de documento justificativo. En el asunto C‑449/13, CA Consumer Finance, el Tribunal estableció que la carga de demostrar el cumplimiento de la obligación corresponde al acreedor y que la información proporcionada por el consumidor puede ser suficiente si es adecuada y sus meras declaraciones están respaldadas por documentos justificativos. En consecuencia, una ficha interna con la puntuación crediticia puede dejar constancia del resultado del análisis, pero su valor probatorio depende de la posibilidad de identificar la información utilizada, los documentos que la respaldan y el momento en que el acreedor los analizó. [6] [7, apdos. 21–32 y 34–39]
Fundamento de la nulidad absoluta virtual en el Derecho rumano
Por el incumplimiento de la obligación precontractual prevista en el artículo 30, apartados 1 y 2, el artículo 89¹ de la OUG nr. 50/2010 establece una multa de entre 10.000 y 80.000 lei, impuesta por los representantes autorizados de la Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC; Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores). Por separado, el artículo 24 del Regulamentul BNR nr. 17/2012 remite, para el incumplimiento del reglamento, a las medidas y sanciones previstas por la legislación sectorial aplicable al prestamista. La Ordenanza también prevé medidas contravencionales complementarias en las condiciones de los artículos 88 y 89. La multa, por sí sola, no reduce el saldo del consumidor ni lo exime de los intereses y comisiones contractuales, por lo que queda por determinar qué efecto tiene el incumplimiento de la obligación sobre el contrato. [5] [6]
En nuestra opinión, cuando la evaluación ha faltado o ha sido meramente formal, la nulidad absoluta virtual puede fundamentarse en los artículos 1.247, 1.250 y 1.253 C. civ. (Código civil rumano), interpretados a la luz de la finalidad de la obligación precontractual. El carácter imperativo de la norma es la premisa del análisis. La naturaleza absoluta de la nulidad se justifica por el interés general protegido por la norma. La obligación de evaluación protege a cada prestatario frente al sobreendeudamiento y, por su carácter preventivo, pretende impedir a nivel del mercado las prácticas de concesión irresponsable de créditos. Esta finalidad respalda la calificación como nulidad absoluta frente a la presunción de nulidad relativa del artículo 1.252 C. civ. El carácter virtual de la nulidad supone, a su vez, demostrar por qué la extinción del contrato es necesaria para realizar la finalidad de la ley. Si el profesional puede reclamar la totalidad de la remuneración de un crédito concedido sin un análisis real, el incumplimiento queda sin consecuencias sobre el beneficio que el contrato le proporciona. La reserva del artículo 1.246, apartado 1, C. civ., relativa a la existencia de otra sanción prevista por la ley, debe leerse en este contexto. En nuestra opinión, la multa prevista por la Ordenanza sanciona la infracción administrativa y puede coexistir con la nulidad, que opera en la relación entre las partes y elimina el derecho del acreedor a la remuneración pactada. [1, apdos. 19–31 y 37–39] [4] [8]
La gravedad de la infracción es relevante en esta apreciación. La falta de evaluación y la aprobación basada en información decisiva no verificada pueden justificar la extinción del contrato, mientras que una deficiencia documental que permita comprobar la existencia de un análisis real y suficiente exige una apreciación distinta. El fundamento de la nulidad sigue siendo el Derecho rumano. La sentencia OPR‑Finance establece los requisitos que debe respetar la aplicación de la sanción y obliga al órgano jurisdiccional a utilizar los métodos de interpretación reconocidos por el Derecho nacional, dentro de los límites de la interpretación conforme. [1, apdos. 24–28 y 40–46] [8]
Devolución del capital tras la declaración de nulidad
Con arreglo al artículo 1.254, apartado 3, y a los artículos 1.635 y siguientes del C. civ., la extinción del contrato da lugar a la restitución de las prestaciones. Para determinar el saldo, primero se identifica el capital efectivamente puesto a disposición del consumidor y el principal ya reembolsado. Por separado se determinan los intereses, las comisiones y las demás cantidades percibidas por el acreedor en virtud del contrato extinguido, en la medida en que estén sujetas a restitución. Si se cumplen las condiciones del artículo 1.617 C. civ., incluidas las relativas al carácter cierto, líquido y exigible de los créditos recíprocos, estos se extinguen por compensación hasta el importe del menor de ellos. La regularización precede a la fijación del calendario correspondiente al saldo neto. Si se concede un plazo de gracia para el pago de una de las deudas, el artículo 1.619 C. civ. establece que este no impide que opere la compensación. [8]
Por ejemplo, si de un crédito de 30.000 lei el consumidor ha reembolsado 12.000 lei en concepto de principal y el acreedor debe devolver 8.000 lei percibidos en concepto de intereses y comisiones, después de la compensación quedan por devolver 10.000 lei. Si el crédito del consumidor supera el capital pendiente, el acreedor le devuelve la diferencia. En un crédito cuyo principal haya sido reembolsado íntegramente, la regularización se refiere a las cantidades adeudadas por el acreedor.
El calendario inicial ofrece una referencia para la devolución del saldo porque refleja la estructura económica de la operación pactada por las partes. El consumidor obtuvo el capital inmediatamente, a cambio de pagos distribuidos en el tiempo, por lo que el fraccionamiento formaba parte del modo en que las partes estructuraron la financiación desde el principio. Por analogía con la lógica de conservación del artículo 1.255 C. civ., los efectos de la nulidad pueden organizarse de manera que mantengan el ritmo de pago pactado, en la medida en que este siga siendo soportable. En caso de nulidad del contrato en su totalidad, el calendario sirve de referencia para establecer una nueva modalidad de devolución, cuyo fundamento es la resolución judicial. La periodicidad mensual y el plazo restante pueden mantenerse si de ello resultan cuotas compatibles con los ingresos disponibles y los gastos necesarios del consumidor. Al fijar el calendario, el pago íntegro inmediato podría reintroducir precisamente el riesgo de sobreendeudamiento que la evaluación debía prevenir, si el deudor se viera obligado a pedir un nuevo préstamo para devolver el capital. [1, apdos. 8, 29–30 y 46] [8]
El artículo 1.495, apartado 2, C. civ., que permite al órgano jurisdiccional fijar un plazo cuando la naturaleza de la prestación lo exige, ofrece un punto de apoyo para esta solución. El artículo 2.162 C. civ. se refiere al préstamo para el que las partes no han pactado un plazo de devolución y ofrece, por analogía, criterios como la finalidad del préstamo y la situación de las partes. La posibilidad de fijar vencimientos sucesivos sigue siendo discutible en relación con el artículo 1.490 C. civ., que consagra el derecho del acreedor a rechazar el pago parcial. El argumento a favor del fraccionamiento es que el juez fijaría el vencimiento de cada cuota, de modo que cada cuota representaría el pago íntegro de la cantidad exigible en la fecha correspondiente. El artículo 397, apartado 3, C. proc. civ. (Código de procedimiento civil) regula la forma de concesión del plazo cuando el órgano jurisdiccional tiene esta facultad. La solución propuesta consiste en que el órgano jurisdiccional establezca en el fallo el saldo neto, el importe de las cuotas y sus vencimientos, sobre la base de la situación financiera acreditada del consumidor, y que el acreedor traslade estos elementos al calendario de devolución. [8] [9]
Una regulación expresa permitiría a los órganos jurisdiccionales aplicar esta solución de manera uniforme y mantendría conjuntamente los dos efectos del modelo examinado por el Tribunal. El acreedor que concedió la financiación sin una evaluación real perdería la remuneración correspondiente, mientras que el consumidor devolvería únicamente el saldo neto, al ritmo que pueda soportar. La cuestión sigue siendo actual también en el marco de la Directiva (UE) 2023/2225, que detalla en su artículo 18 la obligación de evaluación y supedita, como regla general, la concesión del crédito a un resultado que indique la probabilidad de reembolso en las condiciones pactadas. La Directiva prevé la aplicación de las medidas de transposición a partir del 20 de noviembre de 2026 y mantiene, como regla general, la aplicación de la Directiva 2008/48/CE a los contratos existentes en esa fecha hasta su extinción. [10]
Referencias
1. TJUE, C‑679/18, OPR‑Finance, sentencia de 5 de marzo de 2020, EU:C:2020:167. EUR-Lex
2. Directiva 2008/48/CE sobre los contratos de crédito para consumidores, artículos 8 y 23. EUR-Lex
3. TJUE, C‑303/20, Ultimo Portfolio Investment, sentencia de 10 de junio de 2021, EU:C:2021:479, apdos. 30–45 y parte dispositiva. EUR-Lex
4. TJUE, C‑755/22, Nárokuj, sentencia de 11 de enero de 2024, EU:C:2024:10, apdos. 31–39 y 40–52. EUR-Lex
5. OUG nr. 50/2010 sobre los contratos de crédito para consumidores, artículos 30, apartados 1 y 2, 88, 89 y 89¹. Portalul Legislativ (Portal legislativo)
6. Regulamentul BNR nr. 17/2012 sobre determinadas condiciones de crédito, artículos 1, 11⁴, 15, 19, 20 y 24, versión consolidada a 10 de noviembre de 2026. Portalul Legislativ
7. TJUE, C‑449/13, CA Consumer Finance, sentencia de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2464. EUR-Lex
8. Codul civil (Código civil), artículos 1.246, 1.247, 1.250, 1.252–1.255, 1.490, 1.495, 1.616–1.619, 1.635 y siguientes, y artículo 2.162. Portalul Legislativ
9. Codul de procedură civilă (Código de procedimiento civil), artículo 397, apartado 3. Portalul Legislativ
10. Directiva (UE) 2023/2225 sobre los contratos de crédito al consumo, artículos 18, 47 y 48. EUR-Lex
